La batalla legal por los derechos del fútbol ha alcanzado nuevos niveles. Dos decisiones judiciales recientes impactan tanto a los operadores ilegales como a los consumidores finales. Rojadirecta ha sido condenada a pagar 31,6 millones de euros a Mediapro. Mientras tanto, LaLiga ha recibido autorización para perseguir a usuarios particulares de IPTV, marcando un cambio significativo en la estrategia de lucha contra la piratería.
Multa millonaria para Rojadirecta
Tras una década de litigios, el Juzgado Mercantil nº 2 de A Coruña ha dictaminado que Puerto 80 Projects, empresa matriz de Rojadirecta, e Igor Seoane, su administrador, deben indemnizar a Mediapro por violación de derechos de propiedad intelectual. La condena de Rojadirecta a pagar 31,6 millones de euros se basa en lo que la plataforma debería haber pagado por retransmitir la temporada 2014-2015. De los 31,6 millones, Seoane deberá asumir 15,8 millones de euros de forma solidaria.
Mediapro ha destacado que la plataforma generaba ingresos millonarios mediante publicidad y comisiones por desviar tráfico a casas de apuestas. Además, Seoane enfrenta un proceso penal paralelo en el que el fiscal solicita cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la pena a seis años.
LaLiga va tras los usuarios de IPTV
En paralelo, LaLiga ha conseguido autorización judicial para identificar a los usuarios de servicios de IPTV que accedan a contenido de forma ilícita. Según la resolución, operadoras como Telefónica, Vodafone, MásMóvil y Digi deben proporcionar datos personales de los clientes vinculados a direcciones IP sospechosas. LaLiga ya ha comenzado a enviar cartas a estos usuarios exigiendo el pago de 262 euros como medida de conciliación para evitar posibles litigios.
El método incluye la monitorización de Ace Stream, una tecnología P2P. LaLiga la considera un esquema de piratería en el que cada participante contribuye a la retransmisión ilegal. Este enfoque ha generado controversia. Según el abogado Javier Prenafeta, la obtención de pruebas mediante esta monitorización plantea serias dudas legales y cuestiona la cesión de datos por parte de las operadoras sin el consentimiento de los usuarios.
Estas acciones reflejan un endurecimiento de las medidas legales contra la piratería. Ahora se dirigen tanto a los grandes responsables como a los consumidores finales. La condena de Rojadirecta a pagar 31,6 millones de euros, junto con las nuevas medidas de LaLiga, pone de manifiesto un cambio en el enfoque hacia la protección de los derechos audiovisuales.
Este nuevo marco legal podría cambiar radicalmente el consumo de contenido deportivo en España. También marca un precedente en la lucha contra la piratería digital.
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