Una reciente respuesta parlamentaria ha dejado claro que el Gobierno de España no intervendrá en los bloqueos masivos de sitios web impulsados por LaLiga. Esta decisión, sustentada en sentencias judiciales, ha despertado una oleada de críticas entre defensores de los derechos digitales. Ellos ven en esta postura una renuncia institucional al control judicial efectivo.
La polémica se desató tras una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, quien denunció que estos bloqueos afectan a numerosas webs sin relación con el fútbol. El Ejecutivo, lejos de abordar la gravedad del asunto, se limitó a reconocer la existencia de los bloqueos. Justificó su pasividad bajo el pretexto de respetar resoluciones judiciales firmes.
Delegación del control a manos privadas
Uno de los aspectos más preocupantes es el papel activo de LaLiga en este proceso. No solo identifica las IPs a bloquear, sino que opera sin supervisión técnica del juzgado. Esto, para muchos expertos, constituye una forma encubierta de censura. La participación de operadoras como Vodafone, Telefónica o MásOrange en la ejecución de estos bloqueos agrava aún más el debate.
Desde el Congreso, se ha planteado una Proposición No de Ley (PNL) que busca forzar a los partidos a posicionarse sobre esta cuestión. Hasta ahora, ni el PSOE ni el PP han mostrado intención de intervenir, aumentando la sensación de desamparo entre las empresas y ciudadanos afectados.
¿Y ahora qué?
Con julio como único mes libre de bloqueos hasta 2026, la situación pone en entredicho el compromiso del Gobierno con la neutralidad en la red. La comunidad tecnológica, asociaciones civiles y usuarios reclaman una revisión urgente de este modelo. Bajo el paraguas judicial, permite a entidades privadas operar sin límites visibles.
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