Durante años, reservar un piso turístico en España fue tan sencillo como hacer un par de clics. Detrás de esa aparente normalidad, el sistema escondía una grieta gigantesca. El Ministerio de Consumo ha decidido cerrarla de golpe: Airbnb acaba de recibir una multa de 64 millones de euros por permitir reservas en decenas de miles de viviendas que no cumplían la normativa vigente.
Una sanción que multiplica el beneficio obtenido
La multa impuesta asciende a 64 millones de euros, una cifra que no se ha elegido al azar.
El Ministerio de Consumo calcula que equivale a seis veces el beneficio ilícito que Airbnb habría obtenido manteniendo activos estos anuncios sin licencia.
Cada reserva generaba comisiones para la plataforma, incluso cuando el alojamiento no cumplía los requisitos legales exigidos en España. La sanción busca precisamente romper ese incentivo económico.
Más de 65.000 anuncios irregulares
Las infracciones detectadas afectan a 65.122 anuncios de viviendas turísticas.
Entre las irregularidades encontradas destacan:
- ausencia del número de licencia obligatorio
- uso de números de registro falsos o inexistentes
- información engañosa sobre la naturaleza del anfitrión
- falta de controles efectivos para verificar los datos
Estas prácticas se consideran comercio desleal y publicidad engañosa, con impacto directo en los consumidores.
No solo multa: obligaciones adicionales
La sanción no se limita al importe económico.
La resolución obliga a Airbnb a:
- eliminar los anuncios ilícitos
- corregir los incumplimientos detectados
- hacer pública la multa impuesta
Además, el expediente sancionador sigue abierto, lo que deja la puerta abierta a nuevas medidas si se detectan más irregularidades.
El nuevo control nacional del alquiler turístico
Desde julio, España aplica un sistema nacional de control conocido como ventanilla única, que obliga a los alquileres de corta estancia a contar con un número identificador emitido por los registradores de la propiedad.
Muchos de los pisos anunciados no podían obtener ese número porque operaban fuera de la legalidad. La plataforma, aun así, mantuvo los anuncios activos durante meses.
Un mensaje claro al sector
La sanción a Airbnb marca un antes y un después.
No implica el cierre automático de las viviendas, pero sí prohíbe su promoción en plataformas digitales mientras no cumplan la normativa.
El mensaje es directo: las plataformas no pueden escudarse en ser simples intermediarias cuando obtienen beneficio económico de actividades ilegales.
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FAQ
Por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia obligatoria.
65.122 alojamientos irregulares.
64 millones de euros.
No automáticamente, pero no pueden anunciarse sin cumplir la ley.
El expediente sigue abierto y podrían llegar nuevas medidas.
