El eterno debate entre la violencia virtual y sus efectos reales vuelve a encenderse, esta vez al sur de la frontera.
El Gobierno de México ha propuesto un impuesto del 8% sobre los videojuegos con contenido violento o adulto. Esta medida alcanzaría tanto las copias físicas como digitales. Además, se aplicaría a las microtransacciones dentro de los juegos.
Lo que podría parecer una medida fiscal más es, en realidad, el nuevo capítulo de una larga discusión sobre la cultura gamer. También se toca el tema de la censura y los límites del entretenimiento digital.
Una propuesta con más de moral que de números
El proyecto forma parte del paquete económico 2026 aprobado por la Cámara de Diputados mexicana. Ahora espera la revisión del Senado antes del 15 de noviembre.
La medida afectaría a los juegos con clasificación C y D, equivalentes a los “Mature” y “Adults Only” del sistema ESRB estadounidense. Es decir, títulos con violencia extrema, sangre o contenido sexual moderado o explícito.
El argumento oficial, presentado por la Secretaría de Hacienda, asegura que “estudios recientes vinculan el uso de videojuegos violentos con mayores niveles de agresión, aislamiento y ansiedad entre los adolescentes”. Sin embargo, el informe citado se remonta a 2012, lo que ha despertado críticas sobre su validez actual.
Mientras tanto, expertos del sector subrayan que no existen evidencias sólidas que prueben una relación directa entre videojuegos y violencia real. Al contrario, investigaciones recientes destacan los beneficios cognitivos y emocionales del gaming: mejor coordinación, resiliencia y resolución de problemas.
¿Impuesto a la cultura gamer o a la economía digital?
De aprobarse, este impuesto impactaría de lleno en el ecosistema del videojuego en México, uno de los mercados más grandes de América Latina.
No solo encarecería los juegos físicos, sino también las compras dentro de títulos como Call of Duty, GTA o Mortal Kombat. Igualmente, afectaría a los pases de temporada y monedas virtuales.
Empresas del sector y asociaciones como la Entertainment Software Association (ESA) han mostrado su preocupación. “Gravar la creatividad digital bajo argumentos morales puede desincentivar la innovación y castigar a los jugadores responsables”, sostienen en su último informe Power of Play 2025.
Por otro lado, el proyecto revive una narrativa política clásica: culpar al videojuego de los males sociales. Se elude así abordar los problemas estructurales de violencia o educación. No es la primera vez que ocurre —ni en México ni en el mundo—. Sin embargo, el impacto en el bolsillo del jugador mexicano sería inmediato.
Si el Senado aprueba la iniciativa, el nuevo impuesto entraría en vigor en 2026. Esto marcaría un precedente que podría extenderse a otros países de la región.
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