Malas noticias: si te niegas a responder a una encuesta oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrías acabar con una multa de hasta 30.000 euros. Aunque suene exagerado, el INE impone más de 17.000 sanciones al año por este motivo, y lo peor es que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que era obligatorio.
El INE, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, no hace encuestas por diversión: sus estudios marcan desde políticas públicas hasta el reparto de fondos. Por eso, cuando alguien llama a tu puerta (o a tu móvil) con el logo del INE, la ley dice que tienes que responder, sin excusas.
¿Qué pasa si no contestas? Spoiler: no es solo un tirón de orejas
A ver, que no cunda el pánico: aunque la sanción máxima alcanza los 30.000 euros, en la práctica las más comunes rondan entre 60 y 300 euros. Aun así, sigue siendo dinero tirado por ignorar una llamada. El problema no es solo negarse, sino también responder mal, tarde o con datos falsos. Y sí, eso también es sancionable.
La base legal está en la Ley 12/1989, que obliga a ciudadanos y empresas a colaborar con las estadísticas del Estado. Esto incluye encuestas clave como la Encuesta de Población Activa, la de Condiciones de Vida o el Censo de Vivienda.
¿Y si me invento las respuestas o cuelgo sin más?
El INE clasifica las sanciones en leves, graves y muy graves. Las más comunes son las leves (un despiste, un retraso), pero si insistes en no colaborar o das datos falsos intencionadamente, la multa puede escalar rápidamente.
Lo curioso es que, aunque la ley permite castigar con dureza, la sanción más alta registrada en los últimos diez años fue de 2.100 euros. Eso sí, el marco sigue vigente… y las sanciones van en aumento.
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