Donald Trump acaba de encender la mecha del mayor giro financiero en años: Estados Unidos ha aprobado su primera ley federal sobre criptomonedas.
La llamada ley GENIUS legaliza oficialmente las stablecoins como USDT y USDC, abriendo la puerta a su uso regulado en todo el país. Pero no todo es celebración: mientras el sector aplaude, en el Congreso ya vuelan las acusaciones de corrupción y favoritismo.
¿Trump salva las criptos o se salva a sí mismo?
El expresidente —y ahora nuevamente candidato— Donald Trump ha firmado la ley GENIUS, un marco legal que define quién puede emitir monedas digitales ligadas al dólar, cómo deben gestionarse las reservas y qué ocurre si una empresa de stablecoins quiebra.
En la ceremonia en la Casa Blanca, Trump se rodeó de representantes de empresas como Coinbase y Tether, asegurando que su gobierno apoya la innovación “a diferencia del de Biden, que intentó destruir la industria”. Añadió que respaldó el sector “por convicción… y también por votos”.
Lo curioso es que esta ley ha contado con apoyo bipartidista en el Congreso, algo raro en plena campaña. Según sus defensores, aportará estabilidad al mercado y reforzará la competitividad de EE.UU. en el entorno cripto.
Pero hay letra pequeña: impone obligaciones contra el lavado de dinero y define protocolos en caso de colapso empresarial. Nada de desmadres financieros, al menos sobre el papel.
¿Revolución monetaria o escándalo enmascarado de Trump con las criptomonedas?
No todos aplauden. La senadora demócrata Elizabeth Warren ya lo ha llamado “el mayor escándalo de corrupción en la historia de EE.UU.”, acusando a Trump de beneficiarse personalmente gracias a World Liberty Financial, una empresa dedicada a las criptomonedas vinculada a su familia.
Según Warren, la ley está “llena de agujeros” y podría facilitar intercambios turbios de favores políticos a cambio de stablecoins. El senador Josh Hawley también alertó que se favorece a grandes tecnológicas, con riesgo de vigilancia financiera masiva.
Desde la Casa Blanca niegan cualquier conflicto de interés. Dicen que los activos del presidente están gestionados por un fideicomiso, y que todo está en regla.
Pero el debate ya está servido: ¿avance tecnológico o cortina de humo electoral?
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