La directora de Europol ha reavivado la polémica: el cifrado de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería “supone un obstáculo” en la lucha contra el crimen organizado. Así lo recoge el último informe IOCTA 2025 de la agencia europea, que alerta sobre el auge de las actividades delictivas online y reclama acceso legal a comunicaciones cifradas, incluso sin orden judicial.
El documento subraya que los delincuentes se han adaptado rápidamente a los entornos digitales, utilizando herramientas como IA, phishing y deepfakes para explotar vulnerabilidades. La privacidad, afirman, está siendo usada como escudo por organizaciones criminales que se ocultan tras servicios cifrados como WhatsApp o Signal.
Privacidad, seguridad y un difícil equilibrio
Según Europol, el problema no está en el cifrado en sí, sino en la imposibilidad de acceder a los datos incluso con autorización judicial. Esto impide a las fuerzas del orden seguir pistas clave. No se trata de prohibir el cifrado, asegura la directora Catherine De Bolle, sino de establecer mecanismos controlados de acceso con garantías legales.
La agencia propone además una normativa europea clara para el uso selectivo de metadatos como IPs o horarios de conexión, cruciales en investigaciones. Esta postura, sin embargo, enfrenta críticas de defensores de la privacidad, quienes advierten que cualquier “puerta trasera” puede acabar siendo explotada por terceros malintencionados.
El informe también refleja cómo la ingeniería social potenciada por IA está logrando tasas de éxito mayores que las técnicas tradicionales, lo que agrava el escenario. Los ciberdelincuentes ya no solo buscan contraseñas: quieren perfiles completos para chantajes, fraudes y suplantaciones de identidad.
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