OpenAI enfrenta una tormenta legal y de confianza. Una reciente orden judicial obliga a la compañía a guardar indefinidamente todos los registros de ChatGPT, incluyendo aquellos que los usuarios habían eliminado. La decisión ya ha provocado una reacción inmediata en redes sociales y un debate global sobre privacidad y transparencia.
¿Qué implica esta decisión para los usuarios?
La orden surge de una demanda del New York Times, que busca probar que usuarios habrían utilizado ChatGPT para reproducir contenido protegido. Para ello, la jueza autorizó la retención total de chats, incluso aquellos eliminados por los propios usuarios.
Esta medida afecta a quienes usan ChatGPT Free, Plus, Pro y la API, pero excluye a clientes con acuerdos especiales como ChatGPT Enterprise y Edu, o aquellos bajo contrato de Zero Data Retention. Según OpenAI, los datos estarán protegidos en sistemas cerrados, accesibles solo por un equipo legal bajo estrictas auditorías.
No obstante, el impacto a nivel de imagen ya es evidente. Muchos usuarios han expresado su preocupación sobre el acceso a conversaciones privadas y la posible incompatibilidad con la normativa europea GDPR, que contempla el “derecho al olvido”.
¿Qué está haciendo OpenAI para responder?
La empresa ha apelado la orden judicial y solicita nuevos argumentos orales, buscando que se revoque el mandato. Brad Lightcap, COO de OpenAI, calificó la situación como un “grave retroceso para la privacidad digital”, y reafirmó el compromiso de la compañía con la protección del usuario.
A corto plazo, OpenAI publica una guía informativa para resolver dudas sobre cómo y quién puede acceder a los datos. Sin embargo, no ha confirmado cuánto tiempo podrían estar retenidos los chats si la orden persiste.
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