Telegram, conocida por su fuerte discurso en defensa de la privacidad, ha quedado en el centro de la polémica. Esto ocurrió tras conocerse que ha entregado los datos de más de 20.000 usuarios a las autoridades durante el primer trimestre de 2025. Este giro sorprendente contradice su imagen pública como alternativa segura frente a otras plataformas de mensajería.
Según su propio informe de transparencia, la aplicación multiplicó por cuatro el número de colaboraciones con gobiernos respecto al mismo periodo de 2024. Entre los datos entregados se incluyen números de teléfono, direcciones IP y detalles de conexión, bajo el argumento de cumplir con órdenes legales válidas.
Un cambio de política bajo presión legal y social
Telegram cambió su política de privacidad meses atrás, permitiendo compartir información de los usuarios cuando existieran mandatos judiciales. La compañía afirma que esta medida responde al aumento del uso de la app por parte de redes criminales. Además, busca evitar que la plataforma se convierta en refugio para delitos digitales.
Aun así, este movimiento ha generado fuertes críticas por parte de activistas y defensores de los derechos digitales. Ellos ven en esta acción una traición a la confianza de millones de usuarios.
Además, desde Europa se presiona para incluir puertas traseras en todas las apps de mensajería. Este cambio podría forzar a Telegram a continuar cediendo espacio en sus políticas.
En el caso de España, el informe indica que más de 1.100 usuarios fueron afectados durante los primeros tres meses de 2025. Telegram ha lanzado incluso un bot de transparencia (@Transparency) para consultar estadísticas por país, aunque eso no ha servido para calmar las aguas.
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